"Ciudadanías del Miedo, Susana Rotker - Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados - MUÑOZ"

Colombia: ¿hacia un colapso institucional? – Eduardo Pizarro Leongómez

A lo largo de América Latina se habla, de manera creciente y con evidente preocupación, de los riesgos de una colombianización de este o de aquel país. Esta expresión se utiliza desde México hasta Argentina, pasando por Ecuador y Venezuela.

Colombia es el reflejo de la incertidumbre que existe, tanto en el ámbito internacional como en el latinoamericano, con respecto a su futuro. Este ensayo se limita a analizar la violencia política.

Estabilidad institucional y colapso parcial del Estado

Marco Palacios hace un interesante contraste entre la violencia creadora, que sirvió de partera de la libertad y la democracia en las revoluciones inglesas y francesa, y la violencia destructiva que afecta hoy a Colombia. La violencia de múltiples rostros que atraviesa Colombia está destruyendo el tejido social y gestando un hondo desarreglo institucional.

La violencia guarda una profunda similitud con el fenómeno de la inflación: desborda la capacidad de control estatal y, en una espiral incontrolable, arrasa con la economía de un país. Lo mismo ocurre con la hiperviolencia, la violencia desborda el sistema judicial, al sistema carcelario y las autoridades policiales y militares, destruyendo la ética del trabajo, las normas mínimas de convivencia ciudadana y el respeto a la vida.

Tres eran los componentes básicos que habían caracterizado a Colombia en las últimas cuatro décadas, desde el Frente Nacional en 1958: una reconocida y alabada estabilidad macroeconómica, una igualmente destacada estabilidad institucional y en contraste con los dos rasgos anteriores, altos índices de violencia. En efecto, Colombia había sido el único país de América Latina que había logrado mantener tasas de crecimiento económico sostenidas a lo largo de los últimos 40 años. Asimismo, al lado de Méjico, Costa Rica, Venezuela, fue una de las cuatro naciones que logró sortear con éxito la ola de golpes militares que asolaron al continente en los años 60 y 70. Pero, al mismo tiempo, Colombia ostentaba el poco honroso título de ser una de las naciones con mayores índices de violencia en el mundo. Desde esta perspectiva, debido a la superposición de violencias de múltiple rostro organizadas o difusas, los riesgos de Colombia son los de una creciente erosión institucional y del tejido social, riesgos que podrán ahondar aún más en los próximos años el ya delicado colapso parcial que sufre el Estado colombiano, afectando a su paso tanto la estabilidad institucional como la estabilidad económica.

El autor, Oquist, acuñó el término de “colapso parcial del Estado” para referirse al impacto que produjeron las diversas modalidades de violencia sobre las instituciones estatales: la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y elecciones electorales; en la pérdida de legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población y la utilización concomitante de altos grados de represión para lograr la obediencia a las órdenes del Estado, en las contradicciones dentro del aparato armado del Estado que redujeron la efectividad de los altos niveles de represión y en la ausencia física de la administración pública en áreas grandes e importantes del territorio nacional. Colombia sufre una situación similar. Ante desafíos y demandas que desbordaron su capacidad de control y manejo, vive el derrumbe parcial de algunas de sus instituciones clave tales como la justicia y la seguridad. Por el contrario, otras instituciones mantienen su consistencia, como es el caso de los órganos responsables del manejo macroeconómico o de la política exterior del país. Los principales indicadores de este colapso parcial son la pérdida del monopolio de las armas, la multiplicación de actores armados que desafían la autoridad del Estado, los altos índices de criminalidad, los niveles de impunidad y el vacío de ka presencia estatal en múltiples regiones del país. En muchas de estas regiones se ha configurado un “sistema pretoriano”[1]

Empate negativo

En Colombia, desde hace ya más de una década, se presenta un “empate negativo” entre las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros. Esta noción, busca diferenciarse de la más comúnmente utilizada de “empate militar”. Este último sostiene que si bien las Fuerzas Armadas han perdido, por momentos, la iniciativa táctica en el campo de batalla, mantienen una clara superioridad estratégica. Sin embargo, debido a múltiples factores, es muy improbable un éxito militar de cualquiera de los bandos enfrentados.

Los grupos guerrilleros

El movimiento guerrillero, cuyos núcleos iniciales surgieron en Colombia 10 años antes de Revolución Cubana, nació en un contexto que no favorecía sus posibilidades de hacer tránsito hacia el éxito revolucionario. Sin embargo, debido a múltiples factores (larga experiencia de luchas guerrilleras, el relativo acercamiento del Frente Nacional, la precariedad del Estado Central y su incapacidad para mediar y canalizar los conflictos sociales en las sociedades rurales) se crearon condiciones para la consolidación de estos focos insurgentes. De esta manera, se produjo un fenómeno de “insurgencia crónica”.

Los grupos guerrilleros que surgen, pues, de manera precoz, en comparación con el resto del continente y que se consolidan con sobresaltos a fines de los años 70 y principios de los 80, coparon prácticamente el espacio de una oposición de izquierda democrática. Este hecho conllevó una temprana militarización de la política por parte de los grupos de izquierda. En buena medida, la guerra dejó de ser una prolongación de la política por otros medios, para convertirse en un sustituto prolongado de la acción política.

¿Cuál es la estrategia actual de los grupos guerrilleros en el plano militar?

1. La estrategia centrífuga, es decir, el modelo de desdoblamiento de frentes, aumento del número de hombres y expansión difusa en todo el territorio nacional continúa estando vigente. Se trata de una estrategia de expansión desde las zonas de colonización hacia regiones con actividades económicas dinámicas (petróleo, oro, carbón, agricultura comercial) y hacia los centros administrativos y políticos más importantes del país, mediante las llamadas milicias urbanas.

2. Para poder sostener esta fuerte expansión guerrillera, los grupos insurgentes están buscando diversificar sus fuentes de financiamiento, gracias a una delimitación de fronteras muy endeble entre lo político y la criminalidad.

3. Dada la imposibilidad de llevar a cabo acciones militares de valor estratégico, así como de sostener un accionar militar continuo, tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han tomado la decisión de aumentar su influencia en el ámbito local. Esta influencia no busca solo el control territorial sino de las redes de poder municipal. En efecto, la descentralización político-administrativa, la transferencia de recursos hacia los municipios y la elección popular de los alcaldes, ha incentivado a los grupos armados, tanto de izquierda como de derecha, a la búsqueda tanto de un control político como de recursos económicos municipales. Es el llamado “clientelismo armado”.

4. ¿Cuál es la actitud de guerrilla con respecto a la paz? Desde mi perspectiva, aún predomina en el seno de la guerrilla una visión de acumulación de poder militar con vistas a una transformación radical de la sociedad y el Estado. Pero ante la ausencia de posibilidades reales para un triunfo militar, la guerrilla mantiene como mira estratégica una “salvadorización” del país, es decir, el tránsito de un empate negativo a un equilibrio estratégico para poder negociar con el Estado en condiciones de igual a igual.

¿Guerrilla o narcoguerrilla?

La noción de narcoguerrilla implica, al menos dos cosas:

1. Existe un entendimiento estratégico entre la guerrilla y los carteles de la droga, dada una identidad de intereses tanto para enfrentar al Estado como para comercializar las drogas ilícitas.

2. La guerrilla ha hecho el tránsito de un actor político a un actor delincuencial, en la medida en que se han desdibujado sus ideales políticos en beneficio del enriquecimiento privado.

La descomposición delincuencial de los grupos guerrilleros obligaría al Estado a darles un trtamiento exclusivamente de índole penal y militar.

En Colombia son muy inciertas las fronteras que separan la política de la delincuencia. La guerrilla no escapa a este flagelo nacional que nos está ahogando en un mar de corrupción y criminalidad. La guerrilla colombiana desde sus inicios ha practicado de manera sistemática formas delincuenciales para su financiación (secuestro, extorsión, gramaje). Estas prácticas tienen origen en la época de la Violencia, en donde surgieron los principales cuadros de las FARC.

¿Grupos paramilitares, de autodefensa o guerrillas de derecha?

Desde fines de los años 70, emergen en Colombia organizaciones armadas de distinto tipo como reacción de los grupos guerrilleros que comienzan a reactivarse en estos mismos años, con la expresa justificación de que se trata de llenar el vacío del Estado en su débil capacidad de contrainsurgencia.

Es necesario diferenciar los grupos paramilitares de los escuadrones de la muerte. Los primeros pese a constituir fuerzas irregulares son grupos estructurados, con comando central y funciones conocidas. (ej: en Colombia Autodefensas Unidas). Los segundos, son grupos informales, con estructura flexible, sin sede o composición conocidas. Su creación responde a la necesidad de preservar la identidad de sus miembros a la hora de desempeñar funciones clandestinas. Hoy estos últimos subsisten ya no orientados contra los grupos rebeldes sino contra la delincuencia común y son responsables de las operaciones de “limpieza social” tan comunes en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo.

¿Qué funciones han llevado a cabo los grupos paramilitares?.

• La gestación de estos grupos tuvo como objetivo expandir la maquinaria militar al servicio del Estado o de las elites, a un costo menor que la expansión de las Fuerzas Armadas regulares.

• Estos grupos constituyeron un instrumento decisivo en la contrainsurgencia, ante todo, en las estratégicas zonas rurales.

• Los “paras” en sus distintas modalidades podían suplir la ausencia estatal con un orden parainstitucional paralelo

• Constituían un instrumento de inteligencia local complementarios a los servicios estatales

• Su existencia le permitía a las fuerzas militares regulares eludir las “tareas sucias” y así disminuir los costos internacionales que implicaban los atentados a los derechos humanos

• Facilitaban al Estado llevar a cabo una confrontación con la guerrilla con métodos propios de la guerra irregular.

Colombia es el único país de América Latina en el cual subsisten estas dos modalidades de organizaciones criminales.

Desde fines de los años 70, nacen en Colombia organizaciones armadas de distinto tipo como reacción a los grupos guerrilleros que comienzan a reactivarse en estos mismos años, con la expresa justificación de que se trata de llenar el vacío del Estado debido a su débil capacidad de contrainsurgencia.

Se trata ante todo de grupos de autodefensa regional financiados por terratenientes y políticos locales. Pero a medida que transcurre el tiempo ganan capacidad de movilización y poder ofensivo, ante todo gracias al apoyo de las mafias de narcotráfico o de las esmeraldas, lo cual les permite ir adquiriendo cierta complejidad organizativa. Finalmente, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, se esta intentando transitar hacia una suerte de guerrillas de derecha, provistas de un mando único y un discurso coherente. Se trata de la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Hacia una guerrilla de derecha?

Durante la década de los años 80, EEUU comenzó a apoyar todo tipo de organizaciones armadas que luchaban contra gobiernos de izquierda. Se trataba de guerrillas de derecha provistas de un discurso que les servía para disputar a sus adversarios la legitimidad política. En la búsqueda de las AUC de un reconocimiento de las autodefensas como un actor político, la construcción de un discurso coherente es fundamental. Se trataría de un movimiento con ideales colectivos.

Las AUC plantean que los objetivos finales de su movimiento (la reforma agraria, la solución de a la cuestión de los desplazados, la superación de la pobreza) no se distinguen de aquellos de la guerrilla, salvo de la perspectiva política que anima a unos y a otros. El rasgo extremista está determinado, por las modalidades de acción de estos grupos, fundadas en el terror organizado, el asesinato colectivo y las masacres.

¿Un actor unificado?

Una de las perspectivas principales de Carlos Castaño es la de unificar a la totalidad de los grupos de autodefensa que existen en el país en torno de un Estado Mayor Conjunto. Una especie de coordinadora nacional contraguerrillera.

Los grupos de autodefensa tienen un origen muy diverso. Fueron creados por diferentes motivos:

· Por grupos de hacendados y políticos locales fatigados contra los excesos criminales de la guerrilla, en el plano del secuestro y la extorsión

· Impulsados por narcotraficantes.

· Otros fueron directamente conformados por oficiales del ejército en el marco de la guerra de contrainsurgencia.

· Otros fueron destituidos por conocidos líderes de las minas de esmeraldas.

A pesar de la diversidad de orígenes, creo que el marco que permitió su amplia extensión ha sido la inmensa contrarreforma agraria que ha llevado a cabo el narcotráfico en el país.

Esta compleja geografía de los grupos de autodefensa me hace dudar del carácter homogéneo de las AUC. Mientras unos grupos, como el de Carlos Castaño busca construir un discurso político legitimador, otros grupos actúan con mentalidad puramente delincuencial y criminal.

Resquebrajamiento institucional

Colombia no puede continuar por la vía de la privatización de la guerra y de la seguridad ciudadana, con una pérdida cada día mayor del monopolio de las armas y del monopolio de la justicia. El estímulo o la convivencia pragmática con los grupos guerrilleros constituyen dos políticas condenables, pues lejos de disminuir las dimensiones del conflicto las agrava y ahonda.

Perspectivas futuras

En primer término, es importante constatar que el tiempo corre en contra de todos los actores armados que desafían la autoridad del Estado. Por otra parte, la creciente movilización de la comunidad internacional a favor de una salida negociada al conflicto colombiano y, por otra, la importante movilización de la comunidad nacional que se expresó en octubre de 1997 en apoyo a la política de paz, tienden a erosionar los ya muy precarios márgenes de legitimidad de los grupos armados.

En segundo término, existe una barrera económica para la expansión del movimiento insurgente.

En tercer término, existe una creciente barrera militar.

¿Intervención militar o mediación internacional?

En los últimos años, no solo se agrava el clima de violencia ya crónico que afecta al país desde hace varias décadas, sino que tienden a deteriorarse los indicadores de derechos humanos y aumentan los niveles de corrupción, el tráfico de drogas y la destrucción del medio ambiente.

Colombia se ha convertido en un país problema para la comunidad internacional. En este punto es indispensable recordar las transformaciones que sufre en la actualidad la doctrina de la soberanía nacional y por tanto, la sacrosanta autonomía de los pueblos. Tanto Naciones Unidas como múltiples naciones desarrolladas defienden hoy en día una tesis contraria, el derecho de intervención por razones humanitarias.

Colombia se halla en un momento de peligroso escalamiento del conflicto y en medio de un clima de honda desconfianza, lo cual hace muy improbable una solución fundada solo en los actores internos.

[1] Sistema pretoriano: aquel en el cual los distintos segmentos sociales se enfrentan directamente para resolver los conflictos por la distribución del poder y los recursos, en la ausencia de instituciones o cuerpos aceptados legítimamente para realizar funciones de intermediación y de reglas de juego para resolver el conflicto.