"Crisis y transformación del sistema político venezolano, Miriam Kornblith - Sistemas Políticos Lati

Introducción

Desde el establecimiento de la democracia en 1958 hasta finales de los años 80, Venezuela había gozado de una envidiable estabilidad política.

Cumplía bastante bien con importantes requisitos asignados por los académicos a los regímenes democráticos. Contaba con un sistema bipartidista sólido, arraigado en la población y respetuoso de las reglas del juego democrático. El país poseía abundantes recursos económicos con los cuales atender las diferentes demandas sociales. Se logró una exitosa sujeción del poder militar al civil y la aceptación por parte del primero de las reglas del juego democrático. Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo eran bastante fluidas. La población participaba regular y entusiastamente en los procesos electorales. Existía una vida organización la activa, compuesta de instituciones con capacidad para representar y agregar los intereses de diversos sectores sociales. La clase media se expandió ampliando la base de sustentación del orden democrático. La democracia venezolana gozaba de reconocimiento internacional al igual que su liderazgo.

Sin embargo, nuestro sistema se sumergió en una severa crisis, que puso final al llamado “excepcionalismo” venezolano.

El segundo gobierno de Carlos Andrés Perez y el segundo gobierno de Caldera

El quinquenio 1989-1993 será registrado como uno de los más dramáticos de nuestra historia democrática. Algunos de los eventos críticos o especiales fueron el anuncio y puesta en marcha de un severo programa de ajustes económicos en 1989, el estallido social del 27/28 de febrero de 1989, la realización, por primera vez en el país, de elecciones directas para seleccionar gobernadores y alcaldes en 1989 y 1992, el cambio en las reglas electorales y los altos índices de abstención, los dos intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992, el fracasado empeño de promover una reforma general de la Constitución en 1992, la decisión de la Corte suprema de Justicia del 20 de mayo de 1993 de suspender en sus funciones al Presidente Pérez para dar curso a un juicio por peculado y malversación de fondos públicos, la ruptura de la dinámica bipartidista y los altos índices de abstención de las elecciones de 1993.

Por otro lado, el gobierno del Presidente Caldera, electo en diciembre de 1993, está confrontando serias dificultades, centradas fundamentalmente en la esfera económica. Incluso antes de la toma de posesión del nuevo Presidente, estalló una crisis financiera sin precedentes. 17 bancos fueron intervenidos o estatizados a lo largo de 1994 y 1995, los cuales poseían el 53,5% del total de los activos del sistema bancario. Las erogaciones por concepto de auxilios financieros a la banca privada alcanzaron un monton de 1.1 millones de bolívares (13,2% del PBI), cifra que representó el 30,5% del gasto total del sector público consolidado.

Las dificultades económicas han llevado al gobierno a entablar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que la campaña electoral de Caldera se basó, en buena medida, en la crítica al gobierno de Pérez por haber seguido las recetas de ese organismo. Se prevé la puesta en marcha de un severo programa de ajustes en 1996 y se temen las consecuencias sociales del mismo. Si bien los planos político y social se han mostrado más controlados que el económico, la explosividad de la situación socioeconómica y el represamiento de la conflictividad política, constituyen potenciales fuentes de alteración sociopolítica.

La gravedad de los eventos vividos durante el segundo gobierno de Pérez y las dificultades que confronta el segundo gobierno de Caldera sugieren que esa crisis se estaba gestando con anterioridad.

Desde inicios de los años 80, el país estaba experimentando una pertinaz crisis del modelo rentista, el deterioro de las expectativas de bienestar colectivo y la pérdida de legitimidad y confianza de las principales organizaciones partidistas y de otro tipo que hicieron posible el orden democrático.

El análisis que sigue constituye un esfuerzo por caracterizar y comprender las transformaciones recientes del sistema político venezolano, y en particular, responder a la pregunta por qué el mismo está en crisis.

I. Reglas de juego, actores y procesos del sistema político venezolano

Las reglas de juego del ordenamiento sociopolítico venezolano fueron implantadas o propuestas a mediados de los años 40 y ratificadas con modificaciones a partir de 1958. En el trienio 1945-48 se consolidó la idea de la centralidad del Estado en el moldeado de la sociedad venezolana y en la definición de los principales rasgos de nuestro desarrollo socioeconómico. En ese trienio también se establecieron las bases para la vigencia de un orden pluralista en lo político consagrándose en la Constitución de 1947 los preceptos relativos a la ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y las garantías al funcionamiento de los partidos como canales legítimos de agregación y representación de intereses. En este caso, el período dictatorial sí impugnó estos principios y prácticas.

El retorno a la democracia significó retomar la senda del pluralismo político, pero también supuso cuestionar la forma como el mismo había sido comprendido y puesto en marcha entre 1945 y 1948. A partir de 1958 se establecieron acuerdos entre diversos sectores sociopolíticos, en torno a la formulación de las reglas formales e informales fundamentales para el funcionamiento del orden democrático, algunos de las cuales quedaron consagrados en textos escritos y legales. Los principales acuerdos explícitos son: el Acta de Avenimiento Obrero-Patronal firmado el 24 de abril de 1958 entre representantes de Fedecámaras y el Comité Sindical Unificado; el Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, entre representantes de los partidos AD, Copei y URD; la Declaración de Principios y Programa Mínimo de Gobierno y la Ley de Concordato Eclesiástico, entre otras.

La renta petrolera se convirtió en el factor dinamizador de la economía nacional. Se le atribuyó al Estado un papel central en la estructuración de las principales coordenadas de la nación y al sector privado se le asignó un papel subsidiario. Se impuso el intervencionismo estatal mediante la regulación, protección y los subsidios generalizados. En el plano Político se garantizó la plena vigencia de la competencia político-electoral, y se le atribuyo un papel crucial a los partidos políticos como principales canales de representación y agregación de intereses societales, y como agentes privilegiados de mediación entre el Estado y la sociedad.

La regla de la mayoría, como criterio absoluto para la toma de decisiones, fue sustituida o complementada por la regla de la unanimidad, a fin de incluir a los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos. El orden resultante privilegió el consenso.

Se consolidó un modelo democrático, denominado por Rey como el sistema populista de conciliación de élites, basado en el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos. Este sistema dependió de la abundancia relativa de recursos económicos de la renta petrolera, con los que el Estado pudo satisfacer demandas de grupos y sectores heterogéneos. De un nivel relativamente bajo y relativa simplicidad de tales demandas, que permitió su satisfacción con los recursos disponibles. Y de la capacidad de las organizaciones políticas y de su liderazgo para agregar, canalizar y representar esas demandas, asegurando la confianza de los representados.

La existencia de esos tres factores dio lugar a un estilo decisorio basado en un complejo sistema de negociación y acomodación de intereses. El sistema logró garantizar a los sectores minoritarios pero poderosos –Fuerzas Armadas, Iglesia, grupos empresariales, grupos laborales organizados, asociaciones gremiales- que sus intereses no serían amenazados por la aplicación de la regla de la mayoría en la formulación de políticas públicas. La estabilidad política, el consenso interélites y la confianza de la población fueron los principales logros de este modelo.

No obstante, la crisis fiscal, la desigualdad socioeconómica, el centralismo, el clientelismo, la partidización de las instituciones y decisiones, la ineficiencia en el uso de los recursos, la corrupción administrativa son también el resultado de la operación de este modelo.

II. Crisis del sistema político venezolano

Las últimas consideraciones llevan a prestar atención a las transformaciones ocurridas en el modelo sociopolítico, en particular al llamado sistema populista de conciliación de élites. Cuando ocurre una modificación adversa en cualquiera de las variables básicas del modelo (renta petrolera, expectativas societales y representatividad de las organizaciones) se produce una amenaza a la estabilidad del sistema que puede ser razonablemente compensada. No obstante, cuando surgen modificaciones negativas simultáneas en los tres factores, el sistema sociopolítico se encuentra en una situación límite, en una crisis. En la actualidad se ha confrontado esa situación límite.

Crisis del modelo rentista

El modelo de desarrollo venezolano implantado desde mediados de los 40 ha sido caracterizado como de capitalismo rentista. Este modelo ha dependido directamente de la dinámica de la industria petrolera, la cual se instaló en el país desde los años 20 del siglo XX. Hasta la nacionalización de la misma fue manejada por empresas multinacionales, las cuales contribuían al Estado con los impuestos que éste fijaba por concepto de explotación de hidrocarburos.

La explotación petrolera ha sido una fuente de renta internacional exigida por el Estado venezolano, en tanto propietario de los recursos petroleros explotados en el territorio nacional. Esta dimensión ha dominado la relación del Estado y la sociedad con la industria petrolera.

A lo largo de los años 80 tuvo lugar el colapso de la renta como fuente exclusiva de sostén del crecimiento económico. Ello resultó de la combinación de varios procesos. De un lado, la inestabilidad y tendencia la decrecimiento de los precios en el mercado petrolero y en los patrones de oferta y demanda internacional de hidrocarburos. Por otro lado, del incremento y complejización de los compromisos económicos y sociales del Estado venezolano. Finalmente, el crecimiento de la población y de sus consecuentes necesidades, también tornaron insuficiente el aporte petrolero.

El Estado se amoldó y se formó según la dinámica rentista. Este modelo lo eximió de enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector de la sociedad para transferirlos a otro. El origen externo del ingreso fiscal y su abundancia permitieron atender de manera relativamente satisfactoria, aunque desigual, las demandas y expectativas de diversos sectores sin generar los conflictos distributivos característicos de otras realidades.

El Estado utilizó varios mecanismos para transmitir esta renta al conjunto de la sociedad, y para mantener cierto equilibrio sociopolítico en su asignación. En primer lugar, la distribución del ingreso fiscal a través del gasto público, que se tradujo tanto en sueldos y salaros, como en inversión productiva y en infraestructura. En segundo lugar, la sobrevaluación del tipo de cambio y la libertad cambiaria, que permitieron subsidiar la compra de moneda extranjera y la adquisición de insumos, bienes y servicios en el exterior para apoyar la industrialización por sustitución de importaciones. Finalmente, el bajo nivel de tributación interna, en particular el del impuesto sobre la renta de las personas naturales y jurídicas. El uso de estos mecanismos se basó en la aplicación de tres reglas relativamente sencillas para la toma de decisiones y manejo de la política macroeconómica: el gobierno gastaba lo que ingresaba; el tipo de cambio se mantenía fijo y único respecto del dólar; las tasas de interés también se mantenían fijas.

En este modelo el Estado adquirió una discrecionalidad, centralidad y visibilidad extremas. Se desarrolló un Estado hiperactivo, que asumió las funciones convencionales de un Estado liberal (orden interno, justicia y soberanía territorial), y las del Estado de bienestar, como inversión en infraestructura física, educación y salud.

Se creó un sistema semicorporativo de toma de decisiones al interior de la administración pública. Este sistema introdujo rigideces significativas en el proceso de toma de decisiones, puesto que el gobierno estaba necesariamente obligado a poner en marcha un dispositivo de consultar multilaterales en el momento de formular políticas públicas, incluyendo a actores con escaso peso y representatividad sociopolítica.

Al recortarse el ingreso petrolero se produjo una reducción de la capacidad del Estado para atender las variadas demandas sociales y expandirse hacia nuevas áreas. La sociedad venezolana se encuentra en transición desde una situación asimilable a un juego suma variable-positivo, en el que los actores podían repartirse los beneficios de un ingreso en continuo aumento, a una situación semejante a la de un juego suma-cero, donde las ganancias de unos representan las pérdidas de otros. Con esto, se hace más difícil asegurar la armonía social y política a través del ingreso petrolero y de la función mediadora del Estado en su distribución.

A raíz de la crisis del modelo rentista, durante el gobierno de Pérez se pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector público, como la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal y tributaria y la redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la acción estatal, a través del llamado Gran Viraje.

La negociación para poner en marcha estas modificaciones ha sido lenta y conflictiva. El contexto de escasez de recursos genera grandes tensiones y frustraciones que no son fácilmente canalizables a través de mecanismos, instituciones y reglas originalmente diseñados para tiempos de abundancia.

Crisis del modelo socioeconómico y de las expectativas sociales

La experiencia democrática se inició en Venezuela en una situación de precariedad institucional y de carencia de prácticas y hábitos pluralistas. El liderazgo político se apoyó en el desarrollo de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como fórmula para generar apoyos al mismo. Se estableció una correspondencia estrecha entre la democracia política y el desarrollo socioeconómico. Se argumentaba que la democratización de los canales de acceso al gobierno y al Estado mediante elecciones regulares e imparciales garantizaría la democratización de la política económica y social, y el disfrute general de la riqueza social.

La apuesta era que en la medida en que el régimen democrático fuese capaz de demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y garantizar mayores niveles de bienestar a la población, el mismo sería preferido frente a las opciones autoritarias y se podría asegurar la confianza de la población en dicho orden. En el mediano y largo plazo, ese vínculo debería transformarse en un vínculo valorativo, una vez que quedaran demostradas las ventajas del orden democrático.

Estos criterios se tradujeron en la formulación de políticas públicas, en particular de la política social. Se enfatizó en la capacidad del Estado para generar adhesiones y la política social se adscribió estrechamente a las funciones de incorporación de la población al modelo sociopolítico, y a la legitimación de la democracia y de sus actores y procesos claves.

Como resultado más visible se elevaron los índices de alfabetización, escolarización, salubridad, natalidad, consumo calórico, crecimiento sociobiológico, etc.

Las décadas de los años 60 y 70 presentaron una significativa mejora en la distribución de la riqueza, si se toman en cuenta los indicadores como los coeficientes de concentración del ingreso o el índice relativo a la participación proporcional de los sueldos y salarios en el ingreso nacional. Dada la distribución desigual del ingreso, las transferencias de recursos y las políticas asistenciales componían una parte más significativa del ingreso de los sectores de menores recursos. Con ello, la ecuación optimista entre desarrollo económico y adscripción a la democracia logró implantarse y producir beneficios.

No obstante, derivaron en los años 80 y 90 en estancamientos y/o decrecimientos significativos en los principales indicadores de bienestar individual y colectivo. Igualmente se produjo la quiebra de servicios públicos fundamentales como los sistemas de salud, educación, justicia, vivienda, agua, drenaje y basura.

Los mecanismos de mercado, la intervención del Estado y los esquemas político-organizativos convencionales mostraron su fragilidad y limitaciones para asegurar niveles adecuados de bienestar a la población. Ello obligó a proponer reformulaciones drásticas a la política social, que vinieron asociadas con el programa de ajustes y con la necesidad de mitigar los impactos negativos inmediatos que el mismo acarreó a la población de menores recursos.

La quiebra del modelo socioeconómico y la frustración de las expectativas de mejoramiento socioeconómico individual y colectivo erosionaron la adhesión de la población al régimen democrático y a sus principales actores e instituciones, revelando la vulnerabilidad del vínculo establecido entre las condiciones socioeconómicas y la integración sociopolítica.

Las señales de declive eran evidentes, especialmente después del llamado “viernes negro” de febrero de 1983, cuando ocurrió la devaluación drástica del bolívar y el cierre del mercado cambiario. No obstante, la población siguió confiando masivamente en el régimen democrático y en sus principales gestores, AD y Copei, quienes siguieron recibiendo amplios márgenes de respaldo electoral.

Sin embargo, el estallido del 27 de febrero de 1989 fue interpretado por muchos como una dramática señal de descontento de la población y de la peligrosidad del mismo para la estabilidad de la democracia.

El pobre desempeño de los gobiernos democráticos, reflejado en su incapacidad para asegurar niveles aceptables de bienestar colectivo a amplios sectores de la población, ha erosionado la legitimidad del orden democrático y de sus principales instituciones y liderazgo en el país.

Crisis del modelo de representación y de legitimidad

Una de las variables cruciales para el funcionamiento de la democracia de Venezuela, bajo la fórmula del sistema populista de conciliación de élites fue la existencia de un número relativamente pequeño de organizaciones confiables, con capacidad para agregar, canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población. La actividad de esas organizaciones (partidos, gremios, asociaciones de intereses) generó una democracia “hiperorganziada y elitista”.

No obstante, en la actualidad las organizaciones partidistas más poderosas, Acción Democrática y Copei, así como las organizaciones que representan intereses específicos, como Fedecámaras para el sector empresarial y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para el sector sindical, han perdido gran parte de su capacidad para agregar, canalizar y manejar las demandas e intereses de los sectores a los que supuestamente representan.

Por otro lado, instituciones como la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas han definido rumbos de acción autónomos respecto del poder político. Por vías y razones diversas, se cuestiona al poder político y civil en sus variadas manifestaciones, así como el papel que estas organizaciones cumplieron en asociación con el mismo.

El cuestionamiento incluye el repudio a la partidocracia, corrupción, pragmatismo, burocratismo, clientelismo, etc. Se argumenta que la excesiva dominación de los partidos constriñó a la sociedad civil. Que el liderazgo partidista quedó rezagado respecto del crecimiento político e intelectual del resto de la sociedad. Que los partidos devinieron en organizaciones exclusivamente centradas en sus intereses político-electorales, convirtiéndose en maquinarias pragmáticas y corruptas, ajenas a controles democráticos y éticos, etc. La maximización del poder de los partidos y la concentración de la decisión en la cúpula dirigente, reforzado con las reglas electorales prevalentes hasta hace poco, redujeron el control del ciudadano sobre la dinámica interna de los partidos sobre el desempeño de las autoridades electas. La disciplina partidista limitó la capacidad de los elegidos para responder directamente a las demandas del electorado. Los altos costos de la campaña electoral crearon un conjunto de “barreras de entrada” económicas a los grupos políticos de menores recursos, por lo que en la práctica el sistema no garantizó igualdad de oportunidades político-electorales y generó una tendencia a la oligopolización del juego político.

A fin de subsanar algunas de las deficiencias señaladas, se introdujeron importantes reformas en el sistema político y electoral, como la elección separada de Concejos Municipales en 1979, la elección directa de gobernadores de Estado y de alcaldes en 1989, la reforma de la Ley orgánica del Sufragio en 1989 para introducir el voto preferencial en la composición de los cuerpos colegiados, y nuevamente en las reformas de 1992, 93 y 95 para consagrar y afinalrla operación del voto uninominal para la conformación de los cuerpos colegiados en el ámbito municipal, estatal y en la Cámara de Diputados.

Estas reformas político-electorales tuvieron repercusiones importantes, tales como la mayor participación de los liderazgos regionales, junto con una mayor preocupación por desarrollar gestiones de gobierno atentas a las demandas de las poblaciones y electores del ámbito local.

Sin embargo, los esfuerzos reformistas no fueron suficientemente contundentes como para convencer a la población de las bondades del sistema de partidos vigente, ni de las innovaciones puestas en marcha. La creciente desafección con los partidos ha quedado reflejada en diversas encuestas de opinión y en el comportamiento electoral reciente. En particular, destaca la consolidación de la tendencia a la abstención en los comicios locales y nacionales.

Otra tendencia relevante de los últimos procesos electorales ha sido el debilitamiento de la dinámica bipartidista, escenificada entre AD y Copei, en formación desde 1958, pero hegemónica desde 1973. En las elecciones de 1988, entre AD y Copei concentraron el 90% de los votos para Presidente y el 80% para Diputados, mientras que en 1993, fueron del 46% para Presidente y 53% para Diputados.

De todo este panorama se destacan cuatro rasgos importantes: El incremento de la abstención, el decrecimiento del caudal electoral de AD y Copei, el surgimiento y crecimiento de otras opciones partidistas (Causa R) y la volatilidad del electorado y los cambios recurrentes en sus preferencias.

También debe considerarse la inclusión de actores no partidistas en el juego político y electoral, como grupos vecinales, personalidades provenientes del mundo artístico y deportivo, y agrupaciones políticas nacientes, etc.

La ocurrencia de todas estas modificaciones sugiere que se han operado cambios sustanciales en las preferencias sociopolíticas de la población. El sistema político y electoral venezolano se ha complejizado en una importante medida.

Esto refleja la crisis por la que están atravesando las organizaciones partidistas tradicionales, y con ellas las bases y reglas fundamentales del funcionamiento del modelo sociopolítico.

Los líderes de los intentos golpistas de febrero y de noviembre de 1992 (en particular del comandante Chávez) atrajeron la simpatía de importantes segmentos de la población en tanto movimientos revolucionarios. Algunos de los líderes golpistas han incursionado con éxito en la política democrática, como el Teniente Coronel Arias Cárdenas, quien resultó electo gobernador del importante Estado Zulia.

Se trata de una situación en la que las viejas organizaciones han perdido su arraigo popular, su atractivo ideológico y su capacidad para satisfacer las necesidades pragmáticas de la población, mientras que las nuevas organizaciones no han podido ocupar el espacio dejado por aquellas. La democracia venezolana, caracterizada una vez como “hiperorganizada y elitesca” ha ido perdiendo ese perfil.

Crisis en los mecanismos de generación de consenso y de canalización del conflicto

Uno de los productos más importantes del funcionamiento del sistema populista de conciliación de élites fue la estabilidad democrática, asegurada por la capacidad del sistema para canalizar los conflictos de diversa índole y generar consensos a través de mecanismos formales e informales. Ello permitió la coexistencia relativamente armoniosa de una multiplicidad de intereses sociales.

No obstante, a partir de las modificaciones en sentido negativo de los tres pilares fundamentales de este sistema es, justamente, la dificultad creciente para lograr la conciliación entre intereses diversos en la toma de decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad, y la limitada eficacia de los mecanismos anteriormente ideados para canalizar el conflicto y obtener el consenso.

Ante la carencia de reglas claras y de árbitros e intérpretes confiables, la proliferación del enfrentamiento interélites, la expresión del antagonismo socioeconómico fuera de los marcos organizacionales establecidos, el recurso a la violencia institucional y extrainstitucional, la arbitrariedad en la toma de decisiones para dirimir los conflictos intra e inter poderes están invadiendo el espacio sociopolítico, en sustitución de la negociación y del encapsulamiento del conflicto.

Por otro lado, la capacidad del liderazgo nacional de generar consensos sustantivos y de largo alcance fue deteriorándose. En esta problemática confluyen tres consideraciones: la idoneidad y representatividad de los actores involucrados en la formulación de los acuerdos y decisiones válidas para el conjunto de la sociedad: los aspectos sustantivos implicados en la formulación de los acuerdos.

Los pactos, acuerdos o compromisos fueron adquiriendo progresivamente el carácter de intercambios utilitarios ocasionales y de corto plazo, orientados a satisfacer intereses puntuales de alguna de las partes. Compromisos de la calidad del Pacto de Punto Fijo o de la Constitución de 1961 no fueron reeditados desde mediados de los 60.

III. Balance y conclusiones

En la crítica al modelo democrático vigente desde 1958 hay indicios de maduración y crecimiento en la población y en algunas organizaciones que apuntan hacia la búsqueda de un orden más pluralista y equitativo. Diversos intentos de reforma socioeconómica e institucional apuntan en ese sentido, junto con el surgimiento de nuevas fórmulas de organización societal.

No obstante, la crítica a las reglas, comportamientos y estructuras que sirvieron de soporte al sistema populista de conciliación de élites, también ha inducido a algunos sectores e individualidades a cuestionar a la democracia per se o a dudar de su viabilidad en Venezuela, y a la búsqueda de opciones no democráticas de manera abierta o soterrada. Los intentos golpistas y las diversas expresiones de simpatía recibidas por los mismos forman parte de esta tendencia. Sin embargo, inclusive en estos casos el discurso prevalente es de reconocimiento de la democracia como el régimen político más valioso y deseable.

Las condiciones para obtener consensos societales significativos se han hecho más exigentes y cada vez más son menos los sectores dispuestos a sacrificar beneficios presentes por eventuales ganancias en el futuro. La estabilidad basada en el aplazamiento de decisiones, en la complicidad ante la impunidad y la ineficacia, en la distribución inequitativa de la riqueza y en la replicación inercial de reglas y comportamientos arraigados ya no es posible ni deseable. No obstante, la implantación de nuevas reglas de juego basadas exclusivamente en el voluntarismo político, tecnocrático o militar tampoco es deseable ni viable.

En un contexto signado por las dificultades socioeconómicas, un marco jurídico-institucional débil, una población desencantada con el liderazgo tradicional y cuyas expectativas de progreso socioeconómico se han visto frustradas, con un liderazgo aferrado a sus viejos usos y costumbres y con un nuevo liderazgo poco definido y con escasa proyección y arraigo popular, la opción democrática y renovadora encuentra barreras para manifestarse.