"Fujimorismo y el resto de la recontruccion, Tanaka - Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados

Estado, sociedad y sistema político peruano

El sistema político peruano se ha caracterizado, a lo largo de todo su trayectoria, por la precariedad y la inestabilidad. Incluso durante el largo dominio oligárquico signado por su aparente estabilidad, no se ha logrado consolidar un sistema político democrático estable en Perú. Por esta razón, no debe resultar sorprendente que hasta 1980 únicamente se produjeran dos sucesiones constitucionales, la primera en 1942 y la segunda en 1945. A lo largo de la historia peruana, se puede constatar muy evidentemente las enormes dificultades que se presentan a la hora de articular la necesidad de democracia social con una propuesta de democracia política. La dinámica de violencia que vive cotidianamente el país, reflejada en los constantes golpes de Estados, la ausencia de canales institucionales capaces de representar las demandas de los diversos sectores de la sociedad y el surgimiento de grupos guerrilleros como es el caso de Sendero Luminoso, puede explicarse parcialmente por la prolongada y cerrada pervivencia del patrón de dominación colonial. El Estado oligárquico, que ha sido predominante a lo largo de la Republica, no fue básicamente otra cosa que la extensión al terreno de la política, de los intereses económico- corporativos de un reducido grupo social. Por su parte, el ocenio leguista puede describirse como un primer momento de modernidad. A partir de este momento, el Estado comenzó a absorber y a promover manifestaciones de la sociedad. Entre fines de los cincuenta y la primera mitad de los sesenta, se produjeron cambios notables en el país. Una suerte de segundo viento modernizador se fue desarrollando. La alianza Acción Popular-Democracia Cristiana concurrente con este desarrollo y el propio tejido económico de la sociedad evidenciaban ya muy claramente, la incapacidad de la oligarquía y su Estado para dar cauce al desarrollo social. Desde entonces hasta 1968 fue el ritmo de la complejización de la sociedad lo que marco el desarrollo del Estado. En 1968, el reformismo militar modificó sustantivamente la relación Estado-sociedad en Perú. Por varios años, por lo menos hasta fines de 1974, la segunda pasó a ser cada vez más, creación de aquel. Fue el Estado velaquista el que terminó organizando a la sociedad peruana. A pesar de las nacionalizaciones de empresas extranjeras, el reformismo militar no pudo romper la dependencia externa del Estado. La caída del Estado velaquista coincidió con la crisis económica de los 70. Así, de un Estado autoritario pero organizador de solidaridades, el Perú con Belaunde transitó a un Estado desarticulador de la sociedad. Hasta 1968, lo que era evidente era la enorme distancia entre el Estado y la sociedad. Ésta tenía que relacionarse con aquel a través de patrones clientelisticos y estaba sujeta a negociar por medio de sucesivas intermediaciones. 1968 fue el momento de quiebre de ese esquema. El Estado devino en productor de la sociedad en todo orden de cosas. Los militares intentaron llevar adelante la construcción de un proyecto nacional que fuera capaz de aglutinar diversos sectores sociales a fin de definir una identidad para la sociedad desde la estructura del Estado. El Estado respaldo e incentivo determinadas formas organizativas del pueblo para que le sirviera de respaldo social. En esta perspectiva, la creación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) constituyo una pieza maestra. En ella, a la par que se negaba la teoría de representación de la democracia liberal, se afirmaba ambiguamente la transferencia del poder al pueblo organizado. Es importante señalar que el Estado no fue el único actor en organizar a la sociedad en este periodo. Con fuerza e importancia, confluyeron en esos años, el desarrollo de llamada nueva izquierda y el surgimiento de nuevos sectores sociales. La constitución de 1979 constituye el primer momento del esfuerzo más significativo por distintos actores por afirmar la posibilidad de un sistema político moderno. En lo económico, la Constitución encierra una propuesta liberal capitalista clásica, es en la estructuración de los poderes del Estado, donde se observan los cambios más significativos. La Constitución fortalece al Ejecutivo sobre el Congreso, otorgándole al presidente el derecho a la observación o veto legislativo. El enorme esfuerzo del velaquismo por modernizar el Estado no pudo resolver el problema de su falta de legitimidad y no ha logrado avances significativos en el funcionamiento de las instituciones. No resulta sorprendente que la ciudadanía refuerce su confianza y su respaldo antes a los hombres que a las instituciones lo que afirma elementos autoritarios de la cultura política. El único partido histórico, el APRA, careció de una propuesta moderna y audaz de sistema político. En tanto partido caudillista desde los tiempos de La Haya, combinó fundamentalmente una propuesta de democracia social con un interés plebiscitario. En esta lógica, no debe parecer una sorpresa constatar el enorme peso de Alan García dentro del sistema político peruano. Por otra parte, tradicionalmente las elites dominantes en el país atentaron contra las posibilidades democráticas. Tras el golpe de 1968, las elites pierden confianza en los militares que no compartían su resistencia al cambio sino todo lo contrario. El velaquismo y sus principales medidas modificaron la estratificación social peruana. Hasta la constitución del 79, los municipios resultaron reemplazados en muchos casos por las dirigencias vecinales. A partir de este momento, se abrieron los municipios a la sociedad como espacio para canalizar sus demandas y reivindicaciones. En definitiva, en una sociedad desigual como lo es la peruana, el Estado y las instituciones públicas siguen siendo extremadamente débiles, con un carácter esencialmente centralizado y deficientes en su funcionamiento. Por su parte, el sistema de partidos no ha logrado institucionalizarse claramente. Esto obedece a una doble lógica; de un lado, a la poca atención que éstos le prestan al propio sistema político y su necesidad de estabilización. Del otro lado, la tradición autoritaria y al estilo de liderazgo político que desarrollaron, así como a sus dificultades para representar y negociar las demandas de los movimientos sociales.

Los partidos políticos en el Fujimorismo y los retos de su reconstrucción

En Perú, no se ha podido dar una restructuración del sistema de partidos debido básicamente a las acciones y omisiones de los principales actores políticos después del auto-golpe de abril de 1992. En los años posteriores a la ofensiva neoliberal que atravesó toda America Latina, encontramos importantes signos de resistencia, renovación o evolución de los partidos y sistemas de partidos. El caso peruano con Fujimori fue claramente a contracorriente de un camino de transformación política e institucional. En las elecciones de presidencia y congreso de abril de 2000, los principales candidatos encabezaron organizaciones altamente personalistas, con una muy débil estructuración, armadas improvisadamente para participar en el proceso electoral. La particularidad peruana no puede entenderse sin referirnos al colapso del sistema de partidos en el periodo 1989-1995. Los actores partidarios cayeron presa de lo que se denomina el espejismo de la representación; privilegiaron su relación con organizaciones sociales formales, haciendo de intermediarios entre estas y el Estado, el problema fue que estas organizaciones sociales habían progresivamente dejador de ser expresivos de una sociedad crecientemente informatizada a lo largo de la crisis de los años ochenta. A este problema hay que sumar el encerramiento de los partidos en lógicas intra-partidarias en un contexto electoral sumamente difícil por la crisis económica y la violencia política, lo que generó una crisis de representación. Esto permitió los sorprendentes e inesperados resultados de la elección presidencial de 1990, que llevaron a la presidencia a Alberto Fujimori. Fujimori se encontró luego en la presidencia, en minoría en el Congreso, sin un movimiento sólido de respaldo, y limitado por un orden institucional que iba a contrapelo de las conducciones delegativas. En este contexto, Fujimori optó por entrar en una lógica de enfrentamiento en contra de los principales actores políticos y sociales y del ordenamiento constitucional de 1979. Fujimori, con su discurso anti-institucional, anti-partidario y anti-político, gano el enfrentamiento contra los actores políticos tradicionales. Su éxito quedó manifestado en los altos niveles de aprobación que suscito el auto-golpe de abril de 1992. Fujimori ganó, básicamente, por su éxito en la reducción de la inflación y por lograr la derrota de los movimientos subversivos, lo cual le permitió aparecer como garante de estabilidad. Como consecuencia de esto, en el Perú, los partidos políticos que concentraron más del 90 % de los votos en casi todas las elecciones de la década del ochenta, pasaron a la marginalidad y prácticamente desaparecieron de la escena política durante el periodo de Fujimori en el poder. En el Congreso electo en Perú en 1990 los partidos tradicionales eran todavía bastante fuertes, pero fueron barridos en la elección del Congreso Constituyente Democrático de 1992; en Venezuela las cosas ocurrieron aun mas rápida y dramáticamente: los partidos tradicionales controlaban el congreso electo en diciembre de 1998, casi desaparecieron en la elección de la Asamblea Constituyente de julio de 1999. En las elecciones de 1995, Fujimori obtuvo la reelección y una mayoría en el Congreso. El Congreso quedó dividido entre el grupo que apoyaba a Fujimori (Cambio 90) y el bloque opositor liderado por la UPP. Sin embargo, la UPP lejos de consolidarse como partido de oposición, se fue desarticulando, lo que contribuyó a la consolidación del régimen autoritario de Fujimori. El fujimorismo tuvo cinco grandes etapas, desde el punto de vista de su legitimidad: la primera, la luna de miel (1990); la segunda, la de la crisis (1991, hasta el tercer trimestre); la tercera, de consolidación y hegemonía (desde fines de 1991 hasta mediados de 1996). Esta tercera etapa tiene, a su vez, dos fases: la primera signada por una legitimidad mayormente política (entre 1992 y mediados de 1993) y la segunda, signada por una legitimidad principalmente económica (desde mediados de 1993 hasta mediados de 1996). La cuarta etapa es la de la crisis, desde la segunda mitad de 1996 hasta inicios de 1999. Finalmente, tuvimos el periodo de campaña electoral, durante 1999 y los primeros meses del 2000 y el derrumbe del régimen. Luego del auto-golpe de 1992, Fujimori llamó a elecciones legislativas- en donde los principales partidos de oposición se abstuvieron- obtuvo un casi 50% de los votos. Si bien los partidos tradicionales se desgastaban y quedaban marginados, el fujimorismo no lograba consolidarse como fuerza política. El fujimorismo no se convirtió en un movimiento político porque se trató de un poder altamente personalizado, nada institucional. La supervivencia de los grupos en el poder dentro del fujimorismo, e incluso del propio Fujimori, dependieron casi exclusivamente de la presencia de este en la presidencia. A medidos de 1996 y, a diferencia de lo que ocurría antes, la criticidad de la ciudadanía empezó a mellar la aprobación a la gestión presidencial. Desde este momento, el desgaste de Fujimori ha tenido que ver con el desempeño de la economía y con diversos suceso ubicados en el terreno de lo político. Las relaciones entre gobierno y oposición empezaron a jugarse desde 1996 sobre todo en torno a la constitucionalidad de la reelección de Fujimori. La historia de la iniciativa del referéndum sobre la precedencia de la candidatura a la reelección es ilustrativa al respecto. Todo este proceso que se inició en 1996 y terminó en 1999, Revello que el fujimorismo, si bien tuvo un legitimación electoral en 1995, operó cada vez mas como régimen autoritario, en el que el Estado de derecho y sus instituciones aparecían como formalidades que encubrían un enorme grado de control por parte de la cúpula en el poder. Más allá de las maniobras y complicaciones, el hecho es que estos sucesos mellaron la credibilidad y legitimidad del gobierno y de Fujimori. A pesar de la crisis del fujimorismo, la oposición no logro ganar en la disputa por la hegemonía política y a lo largo de 1999 Fujimori logró una consistente recuperación en niveles de aceptación y de intención de voto frente a las elecciones del 2000, al punto de que casi gana con mayoría absoluta. A diferencia de Argentina, en Perú no se consiguió conformar una alianza en la oposición, lo cual disperso el voto en contra de Fujimori. La recuperación del fujimorismo no solo tiene que ver con los límites de la oposición. Cuentan también las acciones del gobierno. Acá tenemos aspectos positivos que jugaron a su favor, entre los meritos del gobierno se podría mencionar una muy ligera reactivación económica a lo largo de 1999 y la captura del principal líder de Sendero Luminoso todavía en libertad, el “camarada Feliciano”, y otros. Los resultados de la votación del 9 de abril son impresionantes: por la altísima votación por Fujimori, después de diez años de gobierno y por la votación de Toledo, totalmente inesperada, súbita y espontánea, y por la bajísima votación que obtuvieron los demás candidatos. La segunda vuelta dio por ganador a Fujimori con un 50%, luego de que Toledo optara por un discurso radical, el cual dejaba de lado las preocupaciones centrales de la mayoría. La caída del fujimorismo se debe principalmente a factores externos que precipitaron contradicciones internas en el régimen. El trafico de armas a las FARC puso en un callejón sin salida a Fujimori, el cual se vio presionado por EEUU (tiene intereses estratégicos en Colombia) y por las FFAA, que amenazaban con un golpe institucionalista. Ante verse en la posibilidad de ser victima de un golpe de Estado y ser utilizado como chivo expiatorio, se anticipó y convoco a elecciones y el 20 de noviembre, Fujimori renunció a la presidencia. En definitiva, la caída del fujimorismo es mas el resultado de sus contradicciones internas, en el contexto de una aguda crisis de legitimidad que dio lugar a movimientos de protesta espontáneos y desorganizados, que de la consolidación de una alternativa política.